ELLAS SON NIÑAS, NO MADRES

El Perú tiene una de las más altas tasas de muerte materna en América Latina, aproximadamente un 15% de éstas se debe a causas indirectas; factores que pudieron ser evitados si las mujeres hubieran tenido la libertad de elegir por un aborto terapéutico, el cual es legal en el país desde 1924.

El Perú tiene una de las más altas tasas de muerte materna en América Latina, aproximadamente un 15% de éstas se debe a causas indirectas; factores que pudieron ser evitados si las mujeres hubieran tenido la libertad de elegir por un aborto terapéutico, el cual es legal en el país desde 1924.

Actualmente, el Perú se encuentra en el ojo del mundo por el caso de una menor de edad que llegó a la ONU, quien fue perseguida por el Estado acusándola de autoaborto, cuando en realidad le negaron la información y acceso al aborto terapéutico, ella es Camila.

Caso Camila

Camila es una niña indígena quien era víctima de violencia sexual por parte de su progenitor desde que tenía 9 años. En el 2017 cuando ella tenía 13 años quedó embarazada. Ante este suceso, su madre solicitó al centro médico un aborto terapeútico; sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud; y después de 13 semanas sufrió un aborto espontáneo.

Tiempo después, el Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y se le acusó de “autoaborto”, basándose en que cuando la niña se enteró que estaba embarazada mencionó que no quería tener a la criatura. Entonces, el Ministerio Público la consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. Pasando de víctima a victimaria, investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema judicial.

Con el apoyo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) fue absuelta de las acusaciones, y el agresor fue condenado a cadena perpetua en el 2019.

Actualmente, el caso se encuentra en manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde la defensa legal la llevan Promsex y la organización estadounidense Planned Parenthood Global y demandan que el Estado peruano .

Sin embargo, este no es el único caso donde la negación del aborto terapéutico ha llegado a instancias internacionales. Anteriormente hubieron dos casos; y al parecer el Estado no escarmienta de sus errores y sigue sin establecer los estándares salud para el acceso al aborto terapéutico.

Caso de Noelia Llantoy

En su momento se conocido el como caso K.L para proteger su identidad, una adolescente de 17 años que fue obligada a dar a luz a un feto anencefálico (sin cerebro) y quien al nacer solo sobrevivió cuatro días. Además de la condición de su hijo, la vida de Noelia también corría riesgo si continuaba con el embarazo, por lo que su médico le recomendó que se le practique un aborto terapéutico, pero el director del Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” se opuso.

En noviembre de 2002, Demus, la organización pro derechos femeninos Cladem y la organización internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR) demandaron al Estado peruano por el caso de Llantoy ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pero fue hasta el 2005 que el organismo resolvió que el Estado peruano tenía la obligación de que violaciones similares no ocurran en el futuro" y de indemnizar a K. L.

Esta fue la primera vez que un caso de aborto era decidido por un comité de las Naciones Unidas.

Caso L.C

Estas son las siglas asignadas a una menor de edad para proteger la identidad de la menor. Cuando ella tenía 13 años de edad comenzó a ser abusada sexualmente por su vecino. En el 2007 intentó suicidarse. Al llegar al hospital fue diagnosticada con síndrome de ansiedad-depresión moderado y daños en la columna vertebral que requerían cirugía de emergencia para evitar una discapacidad. Sin embargo, un examen ginecológico reveló que estaba embarazada, lo cual motivó a que la cirugía se posponga. Su madre solicitó un aborto terapéutico pero se le fue rechazado, negándole la intervención quirúrgica que le hubiese evitado la cuadriplejia que la acompañará por el resto de su vida. Meses después, la menor sufrió un aborto espontáneo por su condición física. Fue recién después de ese hecho que L. C. fue operada, pero ya era tarde.

En el 2009 el PROMSEX en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos presentaron un comunicado sobre el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW).

Pero fue recién en el 2011, que el Comité determinó que el Estado peruano debía pagar a L.C una indemnización y medidas de rehabilitación en proporción a la gravedad de la violación de sus derechos. Asimismo, recomendó la legislación para despenalizar el aborto cuando tenga como causa el abuso sexual o violación y revisar la interpretación restrictiva del aborto terapéutico en el Perú.

Sin embargo, hasta la fecha, ese cambio no se ha dado.

Además, fue recién en diciembre del 2015 que el Estado peruano indemnizó a L. C. y a Llantoy.

El aborto terapéutico en el Perú no es algo nuevo, desde 1924 el Código Penal admite la interrupción del embarazo en casos en que la vida de la gestante estuviera en riesgo o si su salud pueda sufrir un daño grave y permanente, ha habido un largo silencio en torno a este tema, sin embargo como se ha podido apreciar en estas historias, muchas veces existen muchas trabas por parte de las autoridades de salud.

Debido a las recomendaciones de los Comités internacionales y los últimos casos mencionados, en el 2014 el Perú aprobó la Guía para el aborto terapéutico para 10 causales que amenazan la vida de la madre dentro de las primeras 22 semanas de embarazo.

Los casos de estas niñas no son los únicos, quizá sean uno entre miles de niñas y adolescentes que desconocen que pueden acceder al aborto terapéutico y que algunas terminan siendo víctimas del Estado después de haber sido víctimas de violencia sexual.

Latinoamérica es la única región en que los embarazos en niñas de 10 a 14 años tienen una tendencia ascendente. Generalmente producto de la violencia sexual, constituyendo una realidad invisibilizada.

Según datos del Ministerio de la Mujer, en el 2019 se registró en el país un total de 1303 nacimientos de madres menores de 15 años, lo que supone dos cada semana.

Es el derecho de una niña a que pueda vivir en un ambiente seguro y libre de violencia, pero, ¿qué pasa cuando estos derechos se vulneran?, ¿qué pasa cuando las circunstancias no son seguras?, ¿ acaso tendría que renunciar a su niñez , sus estudios, a sus sueño por un embarazo forzado? poniendo en riesgo su salud física y emocional.

En América del Sur ocho países han despenalizado el aborto por violación sexual bajo ciertos criterios: Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, México, Bolivia, Brasil y Ecuador, en el Perú el debate ni siquiera está en la agenda política siendo el país con los índices más altos en la región.