Contra el modelo: teoría económica del necrocapitalismo según Subhabrata Banerjeeen
- Richard Mozo Pizarro
- 10 may 2021
- 6 Min. de lectura
El contexto del covid19 a debelado fracturas muy graves en el sistema neoliberal global. La fascinación por el auge económico esconde detrás una gama de acciones empresariales que han buscado beneficiarse de la desregularización del mercado a tal punto que la subyugación de la vida, al poder de la muerte, se a convertido en una practica convencional que el Estado y las empresas privadas avalan. Este es el nuevo sistema económico del siglo XXI: Necrocapitalismo.

Durante el siglo XIX, en Europa, se afianza el capitalismo industrial y la hegemonía de la burguesía conllevando esto al Imperialismo europeo; quienes, por medio del colonialismo, buscaron la extracción de materias primas. Ante ello, surge un nuevo grupo social afincado en las fábricas, estos forman parte del llamado proletariado. En su búsqueda por la reivindicación de sus derechos, se apertura un respaldo ideológico que dispone de las concesiones científicas para la obtención de sus exigencias. De esta manera, el marxismo, en su anhelo de transformación revolucionaria, emplea el materialismo histórico-dialéctico para explicar el avance de la sociedad y la necesidad de cambios sustanciales para la clase trabajadora.
En 1845, Karl Marx y Friedrich Engels redactan el texto La ideología alemana; en él se acuña por vez primera el concepto de “modos de producción”. Este marco teorético permite expresar la totalidad social como una estructura dominante, en la que el aspecto económico es determinante. Dicho de otro modo, es la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como también para organizar su distribución. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido cuatro modos de producción, siendo el actual el modelo capitalista.
La doctrina económica y de pensamiento que defiende el capitalismo es el liberalismo, el cual basa la prosperidad en la mayor productividad laboral. A su vez, se defiende la propiedad privada y el predomino de la burguesía. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se consolida, hasta la actualidad, un nuevo sistema: el neoliberalismo. Este reafirma la doctrina liberal al considerarlo como el soporte que garantiza el pleno empleo y el equilibro parmente. Para logar dicho objetivo, el neoliberalismo requiere limitar la acción del Estado al campo jurídico-económico y permitir la desregularización del mercado. De esta forma, el libre mercado se posiciona como el mejor reasignador de recursos y el capitalismo es visto como el paradigma económico más viable.
En 2008, el docente e intelectual Subhabrata Bobby Banerjeeen redacta el artículo de investigación titulado Necrocapitalism. En este texto se cuestiona al periodo contemporáneo del modelo capitalista neoliberal global y teoriza el concepto de necrocapitalismo como aquella serie de prácticas de acumulación organizacional que implican la desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte en diversos contextos, como en la organización y la gestión de la violencia global por medio del uso de fuerzas militares privadas y los conflictos por recursos naturales.
Las bases que emplea Banerjeeen para la teorización del necrocapitalismo se sostienen en las ideas del “estado de excepción” (por Giorgio Agamben) y la “necropolítica” (acuñado por Achille Mbembe). De acuerdo al primer autor, el estado de excepción es el dispositivo a partir del cual el poder soberano captura la vida. Es gracias a este que la violencia, la tortura y la muerte se ejercen sin intervención política ni judicial. De allí que el “estado de excepción” se convierte en el mecanismo que mantiene unidos violencia y derecho al tiempo que efectiviza aquello que rompe ese vínculo. Ejemplo de ello son las políticas intervencionistas norteamericanas que, en aras de la defensa democrática, irrumpen en la soberanía de los Estados de medio oriente bajo la consigna de la seguridad nacional.
Por otro lado, Achille Mbembe llamó “necropolítica” al conjunto de medidas gubernamentales de muerte para el control de la población o también el derecho a exponer a otras personas a la muerte. Parafraseando la máxima liberal de “dejar hacer, dejar pasar” por “hacer vivir y dejar morir”, el racismo de Estado determinaría quién vive y quién muere. Cuanto más frágiles son las poblaciones (como las mujeres, las niñas afrodescendientes, indígenas o con discapacidad) mayor es el desequilibrio entre el poder de la vida y de la muerte. Son los propios mecanismos de funcionamiento de los Estados-nación ultra conservadores, extremistas, evangélicos o demagogos quienes promueven políticas neoliberales de muerte como el racismo, muerte social o civil, el derecho a esclavizar, misoginia, homofobia u otras formas de violencia política.
Un ejemplo es el “baguazo”, uno de los conflictos ambientales más importantes en el Perú; en donde, tras la firma del TLC con USA por Alan García, la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida legalmente por las comunidades nativas de awajún y wampis vulnerando sus derechos de posesión y defensa de sus tierras por ser considerados población minoritaria. Esto tras el D.L., que mencionaba la realización de una inversión extractiva (petrolera o minera) solo con la decisión del Estado, sin consultar a la población nativa o campesina.
De este modo, es necesario entender el necrocapitalismo como una práctica que opera a través del establecimiento de una soberanía colonial que requiere de los “estados de excepción” y las “medidas necropolíticas” para su viabilidad. De allí que la característica principal del necrocapitalismo es la acumulación por desposesión y la creación de mundos de muerte en contextos coloniales. Estas permiten la existencia de estados de excepción a través de la colusión entre poderes gubernamentales y corporaciones, lo que a su vez deriva en el establecimiento de expresiones de desposesión tales como las privatizaciones, destrucción del uso de recursos comunales, el control de recursos naturales y la eliminación de formas indígenas de producción.
La corporación, los estados nación, las organizaciones supranacionales y las agencias internacionales son los principales actores que dan forma a la privatización de la soberanía, y las prácticas necrocapitalistas que desencadenan en un marco de guerra infinita. Así, el uso de la fuerza militar se utiliza para imponer relaciones económicas, para promover golpes de Estado o luchas contrainsurgentes, así como para establecer el control corporativo sobre los recursos naturales de países en desarrollo. El resultado de estos Estados coloniales de excepción es la construcción de mundos de muerte tales como la a) subcontratación de soldados corporativos e industria militar privada y b) la desposesión en la industria energética y de recursos naturales.
En el primer caso existe una convergencia entre el poder imperial, poder militar, intereses económicos y capital. Por medio de la subcontratación de empresas militares privadas, los servicios de reconstrucción que ofrecen estas son ejecutadas por trabajadores ilegales de países periféricos que han aceptado empleos peligrosos y mal pagados que los Estados imperialistas neoliberales no están dispuestos a realizar. Ejemplo de esto son los eventos acecidos en países del África subsahariana en donde grupos armados chadianos, libios y sudaneses (como Seleka y Anti-balaka) buscan sitiar la República Centroafricana bajo intereses petrolíferos. Como antecedentes peruanos, con la cualidad de tratarse de guerrillas de conciudadanos nacionales, pero con lineamientos norteamericanos, son el grupo colina o el comando Rodrigo Franco.
Para el segundo caso, la historia de la industria energética y de recursos naturales ha estado acompañado de despojos, conquistas coloniales, golpes militares, guerras y corrupción. De hecho, existe una fuerte percepción de colusión entre gobiernos locales y corporaciones multinacionales basada en la integración de las fuerzas públicas por empresas de seguridad privada cuyo objetivo es la protección de las instalaciones del capital privado. De allí que exista una contradicción en la supuesta responsabilidad corporativa; ya que esta se enlaza con una práctica necrocapitalista (la eliminación de la disidencia) para implantar una serie de medidas violentas y de despojo. Siendo una confluencia entre la violencia perpetrada contra el mundo biofísico y la violencia social.
Por lo que, al final, existe una dificultad jurídica para identificar la responsabilidad de las corporaciones asociadas con los gobiernos estatales en prácticas necrocapitalistas, ya sea porque las denuncias no son punibles, han expirado o porque no existe suficiente evidencia. Un ejemplo es lo ocurrido en Chile que, constitucionalmente, con el gobierno de Pinochet se privatizó el agua y su saneamiento para beneficiar el cultivo de la palta ocasionando que la población no posea el libre acceso a dicho recurso.
En consecuencia, el capitalismo neoliberal global e institucionalizado ha implantado un régimen de desarrollo que genera gran cantidad de gente invisible, principalmente pobre, desheredada de su tierra y despojada de su identidad. Como consecuencia, se excluye deliberadamente a los desfavorecidos. Estas prácticas necrocapitalistas, que caracterizan las primeras décadas del siglo XXI, solo pueden ser dislocadas a través de un compromiso fehaciente de nuevos movimientos sociales y luchas reivindicativas por los derechos civiles y la supervivencia. Por lo que hace falta una proyección critica que reconceptualice nuestro entendimiento sobre la relación sinérgica entre la política, economía y las comunidades; todo esto con el objeto de proteger el mañana y no llegar con vergüenza al futuro.
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